Los Desaparecidos o los “falsos positivos”
Las violaciones de derechos
humanos en Colombia no paran ante los ojos ciegos de la comunidad nacional e
internacional, quienes actúan casi que como cómplices al no ver lo que quieren ocultar los diferentes presidentes
colombianos.
Todos los presidentes
colombianos violan los derechos humanos y cada uno de ellos privilegia tres o
cuatro derechos humanos (y los viola), y a través de ellos adelantan la guerra
contrainsurgente contra el pueblo a fin de imponer los designios neoliberales
dictados desde Washington.
La desaparición forzada es un típico crímen de Estado, y en su acto se
cometen conexamente otros delitos como el de detención arbitraria, secuestro,
asesinato, torturas, ocultamiento de pruebas, etc.
Responsabilidad por administraciones
Esta práctica criminal se comenzó a aplicar desde la década de los 70
y ya durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se reportan 273
casos en 4 años; en el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986): 700
casos en tres años y ocho meses.
Como se puede ver, la desaparición forzada es una práctica criminal
adelantada por todos los gobiernos oligárquicos colombianos, y desde el Plan
Colombia adquiere una particular sevicia al aumentar no sólo el número sino la
intensidad de la desaparición, aparejada con el desplazamiento forzoso como
forma de acumulación capitalista violenta.
El gobierno de Barco Vargas tiene en su haber un aumento inusitado de
desapariciones al haber adelantado la “guerra sucia” contrainsurgente contra la
Unión Patriótica (U.P.), en tanto desde Andrés Pastrana vuelve a adquirir la
práctica criminal su clímax y desde entonces la desaparición está presente con
toda su crudeza en la vida de los colombianos, al tiempo que esos gobiernos han
hecho hasta lo indecible para ocultar su
práctica y eufemísticamente utilizan palabras para disminuir la connotación
del Terrorismo de Estado (“guerra sucia”, “paramilitarismo”, etc).
Los “falsos positivos” de
Santos y Uribe Vélez: una modalidad de desaparición forzada y ejecución
extrajudicial
En Colombia se ha llamado “falso positivo” a la modalidad de asesinar
extrajudicialmente hijos del pueblo, desaparecerlos y posteriormente hacerlos aparecer
como “guerrilleros dados de baja en combate” vistiendo prendas de uso privativo
de las fuerzas militares estatales.
Según “la
FIDH y la CCEEU destacaron el carácter sistemático y generalizado que tomó el
fenómeno de los falsos positivos en
Colombia entre los años 2002 y 2008, por el cual más de 3.000 civiles fueron asesinados
para luego ser presentados como dados de baja en combate. Estos actos estaban
apoyados (–y aún lo están-) por los más altos mandos del Ejército, quienes no
solo no ejercieron el necesario deber de control sino que promovieron estos
hechos.
A este respecto la FIDH y la CCEEU señalaron falencias estructurales en las investigaciones y juicios que se han venido realizando en Colombia, ya que no se inician investigaciones contra los altos mandos militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales, ni a las autoridades políticas que también podrían ser responsables por omisión frente a dichos crímenes. Al contrario, se investiga de manera aislada evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad y sin considerar la sistematicidad y las políticas que han dado lugar a la perpetración de dichos crímenes. Adicionalmente se producen actos de obstrucción a la justicia, operadores judiciales, víctimas, testigos y organizaciones de derechos humanos, sufren actos de intimidación y de amedrentamiento”. (Ver: La FIDH y la CCEEU instan a la CPI a la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. http://www.fidh.org/La-FIDH-y-la-Coordinacion-Colombia ).
A este respecto la FIDH y la CCEEU señalaron falencias estructurales en las investigaciones y juicios que se han venido realizando en Colombia, ya que no se inician investigaciones contra los altos mandos militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales, ni a las autoridades políticas que también podrían ser responsables por omisión frente a dichos crímenes. Al contrario, se investiga de manera aislada evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad y sin considerar la sistematicidad y las políticas que han dado lugar a la perpetración de dichos crímenes. Adicionalmente se producen actos de obstrucción a la justicia, operadores judiciales, víctimas, testigos y organizaciones de derechos humanos, sufren actos de intimidación y de amedrentamiento”. (Ver: La FIDH y la CCEEU instan a la CPI a la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. http://www.fidh.org/La-FIDH-y-la-Coordinacion-Colombia ).
La responsabilidad estatal
Al respecto dice el
diario español Publico.es que “Uribe (señalado
con nombre propio) se despide de la Presidencia cuando la Fiscalía General
de la Nación acaba de emprender un censo nacional sobre cadáveres enterrados
como "NN" (sin nombre) a lo largo de todo el país, con el fin de
cruzarlos con los 32.348 desaparecidos que tiene registrados la Unidad de
Justicia y Paz. Una cifra superior a la suma de los desaparecidos en todas las
dictaduras de América Latina. Gran parte de estos muertos sin nombre ya han
sido confesados como víctimas de masacres por los jefes paramilitares que se
han acogido a sentencias benignas (no más de ocho años de cárcel) por
confesar sus acciones.
Al
menos 1.700 de las víctimas son "falsos positivos": jóvenes
asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate”.
Pero
el fenómeno no se queda en éstas estadísticas, sino que son mucho más como han
venido denunciando diferentes organizaciones que tratan el fenómeno criminal.
“El Estado registra 61.604 personas desaparecidas desde 1942, de las cuales
16.655 serían casos de desaparición forzada, reveló el defensor del Pueblo,
Vólmar Pérez, al conmemorarse ayer el día internacional de los desaparecidos”, dice el diario
Vanguardia Liberal de la ciudad de Bucaramanga. (Ver: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/119573-en-colombia-hay-mas-de-60-mil-desaparecidos
).
Por su parte el
Informe de la Fiscalía General de Colombia de enero 2011 nos trae otra cifra todavía más aterradora: “173.183
asesinatos; 1.597 masacres; 34.467
desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados,
cometidos entre 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el paramilitarismo”, lo cual
significa que en los últimos 5 años
se han producido cada año 6.893
desapariciones forzadas.
La responsabilidad de
Uribe-Santos
Es evidente que si es un Informe de la Fiscalía o
de la Defensoría del Pueblo éstos traten de excusar a su gobierno, como en
efecto lo hacen al atribuir la autoría de los crímenes de lesa humanidad al
“paramilitarismo”, como si los colombianos no supiéramos el contubernio
impúdico entre las fuerzas militares del estado con los grupos
narco-paramilitares, hecho reiteradamente comprobado en más de una ocasión en la
realidad.
La
investigadora Azalea Robles nos señala que “El crimen de Estado de desaparición
forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas
cifras de la dictadura argentina: sólo
en los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas
(cifras febrero 2010, medicina legal y fiscalía)... para una estimación total en los últimos 20 años de 250.000 personas desaparecidas... Las estimaciones
de desaparición forzada son minimizadas desde el Estado (el victimario), sin
embargo ha debido reconocer al menos 50.000 desaparecidos. (Piedad Córdoba, Madrid, mayo 2010 "Hay 250.000 desaparecidos
en Colombia en los últimos años": (Ver: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/71765-NN/colombia-registra-mas-de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos/
Es de resaltar que desde el 2002 el presidente
era el señor Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa era el hoy presidente
Juan Manuel Santos, el cual adelanta una Reforma a la Justicia en la cual
incluye la llamada “Justicia Penal Militar” a fin retrotraer la justicia militar
a formas de impunidad total para todos los actos cometidos por los miembros de
la Fuerza Pública, sean en servicio o no.
Según los Informes de la Cruz Roja en el año 2005 la cifra estuvo en 3.600 desaparecidos, 279 casos en 2004 y 317 en 200. Por su parte la Comisión Colombiana de Juristas habla de 3.588 en los años de Uribe Vélez, es decir 448 personas por año. Esto nos asevera que es cierta la cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos de más de 4.500 personas desaparecidas entre diciembre del 2002 y mediados del 2009.
Solamente en el período de dos años, de enero 2007 a 21 octubre de 2008 se habían producido en Colombia 7.763 desapariciones, lo cual evidencia una vez más que tal práctica corresponde a la sistematicidad dictada por la Doctrina de Seguridad Nacional y el Terrorismo de Estado.
Yaneth Bautista de la Fundación Nidia Erika Bautista (desaparecida por el ejército) señaló que "en lo que va corrido del Gobierno Santos se han registrado oficialmente 500 desapariciones forzadas en Colombia, especialmente en Bogotá, Antioquia, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca, entre otros. La situación más grave es en Bogotá donde el 24 por ciento son mujeres y 15 por ciento menores de edad". (Mayo 25 2012 Familiares de los desaparecidos ya no necesitarán dos años para adelantar trámites legales
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/familiares-de-los-desaparecidos-ya-no-necesitaran-dos-anos-para-adelantar-tramites-legales/20120525/nota/1694613.aspx
La impunidad es casi total
Este hecho ha sido denunciado por la propia ONU cuando señala:”La impunidad es uno de los principales obstáculos que deben enfrentar las víctimas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reconocido que “El grado de impunidad que rodea esta grave violación a los derechos humanos es muy alto”. (Ver: [5] Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la Situación en Colombia, doc. A/HRC/16/22, febrero de 2011, párr. 54.).
Resaltamos que en Colombia más del 99% de los crímenes de Lesa Humanidad están en la más completa impunidad.
Tips de OIDAHCO:
ANNEX: Data and figures on Forced Disappearance in Colombia
•The
first forced disappearance was recorded in 1977
•Since
then there has been no exact figure for the number of forced disappearances.
Organisations working with victims of the armed conflict in Colombia estimate
that the number of cases of forced disappearances lies somewhere between 25,000
and 50,000. The UN recognises as victims up to four family members of the disappeared
person. The total number of victims could therefore reach between 100,000 and
200,000
•In 2010 Colombia signed the International Convention for
the protection of all persons against forced disappearances.
•The
Human Rights Ombudsman´s Office states that there are 61,604 disappeared
persons, of which some 26,000 could be forcibly disappeared. The UN highlights that the figure includes some
3,000 women and 3,000 persons below 20 years of age.
•Extreme right wing paramilitaries in collusion
with the state security forces are recognised as being responsible for the
majority of forced disappearances. The state security
forces are presumed responsible for forced disappearances committed before 1985
•Impunity
for the crime of forced disappearance stands at 99%
•According
to confessions of the paramilitaries under the Justice and Peace Law, thousands
of bodies were dismembered and thrown into rivers. It is said that these are the largest cemeteries in
Colombia. Many were also incinerated in cremation ovens built specifically for
this purpose
•A number of bodies found by the Attorney General´s
Office as the result of the confessions of paramilitary members, have been
moved to their offices without having been identified
•Mass graves have been discovered in several
regions of Colombia, some of which contain at least 500 unidentified bodies. In just one region, in the east of
Meta, numerous mass graves have been found containing almost 2,000 bodies. In 27 regions in Colombia 2,867 mass graves
have been discovered
• In a country with 61,604 persons disappeared during 50 tears of armed conflict, it
was not until 2010 that the Unit for Disappearance and Forced Displacement was
created
•According to a report by the Colombian forensic Institute
Medicina Legal and the Attorney General´s Office, between June
2005 and December 2010, based on testimonies by members of paramilitary groups,
in Colombia there were 173,183 murders
and 34,467 forced disappearances.
